Recordamos un post del blog publicado el 22 de enero de 2010 en el que se analizan aspectos legales de la Fundación por si se declaraba que es PUBLICA por la autoridad competente. La Junta de Andalucía acaba de declarar PUBLICA la Fundación de las Canteras, Luís Bravo está callado:

El silencio de las Canteras (una Fundación Pública)

 Les coloco a continuación un post del blog muy interesante y muy divulgativo de enero de 2010 escrito por un tal Pepe Pérez, en el que hace un recorrido de la legislación referente a si la Fundación es Pública ó no, defendiendo que sí lo es y analizando las repercusiones que tendría el hecho de que una autoridad suficiente aclarara de una vez por todas la privacidad o publicidad de este Ente, formado por personas y dineros tanto del Ayuntamiento como de las empresas extractoras de las Canteras. Ahora el Protectorado de la Junta de Andalucía ha delimitado sin lugar a dudas que la Fundación de las Canteras es PUBLICA, en contra de lo defendido por los canteros, por su gerente Luís Bravo y por el propio alcalde Villanova. El PSOE ha denunciado el hecho ante la Fiscalía de Málaga que perece que está estudiando el tema. Izquierda Unida ha conseguido otro importante logro al conseguir la definición de PUBLICA que cambia todo lo hecho y realizado con dos millones de euros al año desde el comienzo de su andadura. Mientras, el gerente Bravo está desaparecido en combate. Ni se le ve ni escribe ni siquiera participa en la campaña electoral del PP.  ¿Qué le pasa a Luís Bravo?. 

Aquí tienen el análisis de lo que va a ocurrir con la Fundación a partir de ahora. También he colocado lo comentarios que generó entonces el post. Y recuerden que todo esto se decía en enero de 2010...

Juan Carlos Sanz de Ayala

Jueves 21 de enero de 2010 

Acarrean responsabilidades las actuaciones realizadas ya, si no se observaron las normas de Derecho Público que rigen la actividad de la Fundación?

"Los grupos políticos de la oposición (PSOE, IU, UPD, y ERES) deben velar por que se cumpla la legalidad, fiscalizar la actividad pública, y poner todo en conocimiento de la justicia"

Por Pepe Pérez

       "El autor del post tiene toda la razón de cuanto ha dicho: la Fundación es pública. 

Se determina que son públicas aquellas entidades en las que concurran alguna de las siguientes circunstancia: estar mayoritariamente financiadas con fondos públicos, controladas por alguna administración pública, o que el órgano de dirección esté compuesto por miembros nombrados en mas de la mitad por una Administración Pública. Esto último es de aplicación a la Fundación de las Canteras, por la composición de la misma. 

     Y por ser pública ha de regirse por las normas de Derecho Administrativo, es decir, está sujeta a las normas de Derecho Público en cuanto a la formación de los actos de declaración de voluntad de la misma, así como para la confección de contratos que han de regirse por lo regulado en la Ley de Contratos Administrativos. Lo mismo ocurre en la selección de personal que ha de regirse por los principios de igualdad, mérito, capacidad, y publicidad. De igual forma es de aplicación la Contabilidad Pública, la fiscalización de todas las cuentas de la Fundación y la remisión de las mismas al Tribunal de Cuentas. 

        Por su parte, la actividad administrativa de fomento -que se plasma en incentivos económicos y subvenciones- ha de regirse por un convocatoria de libre concurrencia como recoge la Ley de Subvenciones y otras normativas de aplicación. 

      Por su parte también, la tramitación de expedientes está sujeta al procedimiento administrativo regulado en la Ley 30/92.
En este punto y teniendo en cuenta que el máximo responsable de la actividad de la Fundación, es el Presidente de la misma y Alcalde del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que nombra a mas de la mitad de los miembros del Patronato, hay que plantearse lo siguiente:
          ¿Cómo se ha contratado al personal que presta servicios en la fundación de las canteras?, ¿Ha existido proceso selectivo con publicidad, mérito, capacidad e igualdad?, ¿Cómo se han perfeccionado los contratos de suministro, obras, servicios, alquileres, etc... que ha tenido la Fundación desde su constitución?, ¿Se han licitado y publicitado conforme a la Ley de Contratos Administrativos?, ¿Se están aplicando los criterios de Contabilidad Pública a las cuentas de la Fundación?, ¿Se ha realizado una convocatoria de subvenciones en libre concurrencia y cumpliendo los demás requisitos que exige la Ley de Subvenciones y demás normas de aplicación?, ¿Que criterios y valoraciones regían la misma para que la mayoría de las entidades recibieran la misma cantidad?. ¿Y los que se aplicaron para la concesión de incentivos económicos en la llamada ruta de la tapa?. ¿Y la compra de bolsas de pan y demás fruslerías?. ¿Se abstuvieron los Patronos afectados mediante el procedimiento regulado en la Ley 30/92 para la abstención y recusación en la contratación del famoso informe?. ¿Y en la contratación de otros servicios?. ¿Existe un Inventario de todos los elementos patrimoniales custodiado por el Secretario de la Fundación, al igual que debe existir un Inventario Municipal del que es responsable el Secretario Municipal?. 

         Al ser una Fundación Publica, en la que mas de la mitad de los cargos son nombrados por el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre... ¿La designación de los patronos nombrados desde el Ayuntamiento ha de ser proporcional a la composición por grupos del consistorio municipal, garantizando la presencia de todos los grupos políticos desde su constitución?.
          Y así se puede seguir preguntando mucho más hasta agotarse, y llegar a la pregunta que puede dar más de un dolor de cabeza a los regidores de la Fundación, ¿Qué tipo de responsabilidades se derivan de las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora si no se han observado las normas de Derecho Público que deben regir la actividad de la Fundación?. ¿Las entidades y colectivos que han percibido cantidades de la Fundación, podrían tener algún tipo de responsabilidad?, etc...
          Los grupos políticos de la oposición (PSOE, IU, UPD, y ERES) deben velar por que se cumpla la legalidad, fiscalizar la actividad pública, y poner todo en conocimiento de la justicia".