Se suspende el juicio contra los 43 trabajadores al no atender el ayuntamiento varios requerimientos del Juzgado y no presentar los exámenes que solicitaba la acusación

¿Se han destruido las pruebas del posible delito?

     El día 1 de febrero era el día indicado para comenzar el juicio por el tema de "los 43" trabajadores del ayuntamiento. Pero otra vez ha habido un aplazamiento, solicitado por el abogado de Julián Sesmero por defecto en la notificación y por el abogado de la acusación, Francisco Galán Palmero, por no estar a su disposición en el Juzgado el expediente administrativo completo de la causa. Así, el letrado Galán había solicitado que se  completara dicho expediente con la aportación como prueba comparativa de todos los exámenes realizados en todas las pruebas, tres en total, por todos los convocados, más de trescientos. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cuatro de Málaga, que entiende el caso, había librado sendas providencias en al menos tres ocasiones para que el ayuntamiento presentara en el juzgado el expediente administrativo completo de la convocatoria. La primera el 21 de mayo de 2008, la segunda con una ampliación el 3 de julio de 2009 y finalmente el 13 de abril de 2010. Pero el ayuntamiento no hizo caso al juzgado dejó pasar meses y años sin presentarlo. Y cuando lo presentó, lo presentó incompleto, faltando las pruebas más concluyentes: los exámenes, cuya comparación podría arrojar luz sobre el caso.

    En la Providencia se le ordenaba al ayuntamiento que : “El expediente deberá remitirse a la mayor urgencia y en todo en el plazo improrrogable de 15 días de antelación a la celebración de la vista que viene señalada para el próximo día 1 de Febrero de 2011 a las 10:00 de sus horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, debiendo remitirse el expediente de referencia original o fotocopiado, completo y foliado, y en su caso autentificado, acompañado de un índice, así mismo autentificado, de los documentos que contenga. Se advierte que si no se remiten los expedientes administrativos en el plazo indicado, se impondrá una multa de entre 300,51 y 1.202,02 euros a la autoridad o funcionario responsable del incumplimiento.”

      ¿Ustedes han entendido claramente lo que solicitaba el Juzgado?. Pues el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre no.

     Al parecer, la reclamación del Juzgado fué recibida como todo documento que llega al ayuntamiento directamente por Joaquín Villanova, quien en lugar de presentárselo al Secretario del Consistorio para que aglutine y certifique la documentación dándole oficialidad, le puenteó y entregó la solicitud al abogado del ayuntamiento, señor Palma Suárez, a la concejala de Personal señora María José Alvarez y a los representantes sindicales de UGT y CSIF. A todos, menos al Secretario como era preceptivo.
      La acusación indica en su escrito que "El Ayuntamiento asimismo, ha incumplido en lo requerido por el Juzgado, puesto que el Expediente no es ni el original, ni está autentificado por el Sr. Secretario Municipal. Se han enviado copias que no han sido autentificadas por el Sr. Secretario Municipal. Y por tanto, no se puede justificar que dichos documentos hubieran sido parte o no del E.A.". Esta documentación no sólo ha sido entregada fuera de plazo con el fin de obstaculizar presuntamente la labor de la Justicia, sino que estaba incompleta al no contar en ella físicamente los exámanes de todos los convocados de las tres pruebas de que constaba la convocatoria. Exámenes que la acusación considera imprescindible para probar los hechos que se imputan.

      ¿Por qué no se han presentado los exámenes?. ¿Por qué se ríe el ayuntamiento y su alcalde Villanova de la Justicia y no atiende las providencias?. ¿Por qué no se sigue el procedimiento haciendo que el Secretario certifique y valide, que es su competencia, los documentos enviados?. 

     Y sobre todo la pregunta clave: ¿SE HAN DESTRUIDO LOS EXAMENES Y POR ELLO NO SE PRESENTAN?. Pues muy posiblemente, aunque ello iría en contra de la costumbre y sobre todo de la Ley. En todo expediente administrativo hay que guardar hasta el más mínimo papel y documento. Mucho más los exámenes de las dos pruebas iniciales y los criterios que se siguieron para adjudicar las puntuaciones sobre todo a los siete administrativos en la tercera prueba consistente en una entrevista personal, verdadero coladero, al parecer, de los posibles enchufados. Los exámenes han desaparecido.

A la vista de lo ocurrido, el letrado Galán solicitó la suspensión del juicio del día 1 de febrero al estar incompleto el Expediente Administrativo de la convocatoria denunciada  y requirió al Secretario del Ayuntamiento para que completara dicho expediente con los siguientes documentos:
     "-- Copia de todos y cada uno de los exámenes realizados por todos y cada uno de los aspirantes para todas y cada una de las pruebas convocadas correspondientes a la 1ª prueba de la fase de oposición.
    --Copia de todos y cada uno de los exámenes realizados por todos y cada uno de los aspirantes para todas y cada una de las pruebas convocadas correspondientes a la 2ª prueba de la fase de oposición.
   --Copia del contenido de la entrevista, correspondiente a la 3ª fase de oposición, con la circunstancias principales que describan el desarrollo de esta prueba, los criterios valorativos que hubiera establecido el Tribunal o el Órgano selectivo y la aplicación de los mismos a cada uno de los opositores con mención de los resultados parciales (de cada miembro del Tribunal) y global para cada uno de ellos, realizada en la Prueba para personal funcionario de 7 plazas de Auxiliar Administrativo".
    Y para que no vuelva a ocurrir lo mismo es decir que el Consistorio no presente el expediente completo, la acusación solicita que se envíen todos los documentos originales ó bien las fotocopias foliadas y autentificadas por el Secretario Municipal. Y además solicita que se apliquen las sanciones previstas en la Ley, es decir, "se imponga una multa de entre 300,51 y 1.202,02 euros a la autoridad o funcionario responsable del incumplimiento del requerimiento del Juzgado de 4 de Noviembre de 2010".

      Concretando: 

   1) Los exámenes no se han presentado, posiblemente porque ya no existen físicamente. Podrían haber sido destruidos, dicen que los habrían podido quemar para quitar pruebas incriminatorias de allí. 

   2) El alcalde no se fía del Secretario municipal, más que nada porque el Secretario no certificaría con su firma un expediente incompleto y/o amañado. 

   3) Van a tener un problema si no se presentaran los exámenes, puesto que ya existe jurisprudencia en el sentido de que se podría tener que retrotraer las actuaciones a antes de los exámenes. Es decir, que las plazas se anularían y TODOS deberían  volver a hacer los ejercicios, pero esta vez con garantías de igualdad para todos los convocados. No se sabrían los adjudicatarios de las plazas con mucha antelación, el Fiscal no tendría un mes antes sobre su mesa la lista de los ganadores, ni se publicarían los nombres una semana antes en la prensa local, como hice yo mismo en Alhaurín.com...
    A la espera de que estos exámenes se presentan y completen el expediente administrativo con los documentos originales o validados por el secretario, se plantean aquí varios posibles supuestos: 

    1) El alcalde estaría al tanto de estas irregularidades y sería quien determinaba en primera y última instancia los nombres de los afortunados, como presidente del tribunal aunque en su día delegara en alguno de los concejales. Es decir, a dedo. 

    2) La concejala de Personal estaría al tanto de  los trejemanejes. 

   3) Los concejales que componen el Tribunal estarían en el ajo. 

   4) Los representantes sindicales estarían en la masa. 

   5) La representación de la Junta o estaba dentro o estaba en babia. 

   6) Los que sí los sabían seguro eran los trabajadores, algunos de los cuales ni siquiera hicieron el examen, entregándolo en blanco. 

  

¿Y el Secretario?. Más adelante en otro post estudiaremos las posibles responsabilidades de cada cual en función de su implicación en el caso.
También estudiaremos por qué en el momento que Izquierda Unida accede a retirar el Contencioso, es al alcalde Villanova al que parece que le interesa que se celebre, para zafarse del proceso Penal que han interpuesto contra él. Para ello no dudó en utilizar a los trabajadores y les permitió un serie de actuaciones bastante irregulares, como ir a amedrentar a los concejales de IU a los Plenos o manifestarse con pancartas por las calles posiblemente en horas de trabajo.
Vaya lío. Esperemos por el bien de todos que se resuelva satisfactoriamente  para todos. Dice nuestra Constitución, en su artículo 103.3: "La Ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad...".
¿Mérito y capacidad?. Pues eso.