El Juzgado de Instrucción nº 1 de Torremolinos (antiguo Mixto número 5) ha resuelto el sobreseimiento libre y archivo
NOTA DE PRENSA DEL AYUNTAMIENTO
"La denuncia de la Plataforma en Defensa de la Sierra por presuntos delitos ecológicos, que data de 2001, fue separada en siete partes por el Juzgado. La Fiscalía de Medio Ambiente instó en 2008 al archivo de la causa, tras concluir que el conflicto de las plantas mineras no puede resolverse por vía penal.
El Juzgado de Instrucción nº 1 de Torremolinos (antiguo Mixto número 5) ha resuelto el sobreseimiento libre y archivo de otra de las piezas separadas en que fue dividida la denuncia de la Plataforma de Defensa de la Salud y de la Sierra (PDSS) y la empresa minera Badomar S. L. contra el alcalde, Joaquín Villanova, concejales, exconcejales, antiguos cargos públicos de la Junta de Andalucía, técnicos y las propias empresas extractivas, por supuestos delitos contra la ordenación del territorio, ecológicos y medioambientales, prevaricación y omisión de perseguir delitos. Se trata de la cuarta parte de las siete en que dicho Juzgado decidió en 2006 dividir el macroproceso de las canteras iniciado cinco años antes a instancia de la PDSS y que afectaba a una veintena de personas, desde el actual regidor hasta un exalcalde, concejales de anteriores Mandatos, dirigentes de la Delegación Provincial de la Junta de Andalucía, incluyendo al extitular del Área, Juan Ignacio Trillo y a dos directores generales; técnicos municipales y autonómicos, y las distintas sociedades mercantiles que explotaban las plantas.
En este caso, el turno le ha llegado ahora a la empresa Áridos y Reforestaciones, del grupo Sanchez Domínguez, S. A. (SANDO), propietaria de la ya cerrada cantera El Troconal, y el archivo ya venía recomendado desde 2008 por la propia Fiscalía de Medio Ambiente. El juez se basa en el dictamen reflejado en el informe del fiscal, parafraseando uno por uno los argumentos esgrimidos y que, en resumen, son los siguientes: la casi nula existencia de indicios de criminalidad; el inexistente perjuicio ecológico para la sierra; el mínimo riesgo para la salud; el que la falta de licencia de apertura supone un trámite administrativo subsanable y no penal, y la falta de indicios para formular acusación en ninguno de los delitos. En otras palabras: que tras el estudio a fondo de la causa y sus partes, analizado en detalle las pruebas y documentos del sumario, la Fiscalía estima que el conflicto no tiene resolución por vía penal y sí, llegado el caso, por la administrativa.
En esta misma línea se argumentó el archivo anterior de las otras tres piezas: la de Aripresa (julio de 2007), la de Nicanor Retamero (enero de 2008) y la de Áridos Alhaurín S. A. (febrero de 2008). El auto de archivo de la pieza que afecta a la cantera de El Troconal tiene fecha del 17 de febrero de 2011 y fue notificada el pasado 31 de marzo. Expertos en la materia consideran que el resto de las partes pendientes de resolución irán por el mismo camino, vista la solvencia del informe de la Fiscalía. Quedan tres por juzgar: Áridos El Pinar, S. A. (Aripisa), Taralpe (Financiera y Minera-Compañía General de Canteras) y Pinos de Alhaurín, estas dos últimas, en fase de restauración.
CRONOLOGÍA BÁSICA DE LOS ARCHIVOS JUDICIALES
-Julio 2007: Archivo de la pieza correspondiente a Aripresa, una de las canteras que la sentencia del TSJA consideraba legales.
-Enero 2008: Archivo de la pieza correspondiente a Nicanor Retamero, una de las cuatro canteras que la sentencia consideró ilegal y clandestina. Cerrada por Decreto de Alcaldía desde finales de 2005.
-Febrero 2008: Archivo de la pieza correspondiente a Áridos Alhaurín, S. A., considerada legal por la sentencia, pero que también se encuentra cerrada por agotamiento de la explotación.
-Febrero 2011: Archivo de la pieza correspondiente a Áridos y Reforestaciones-Grupo Sando-El Troconal, considerada clandestina e ilegal por el TSJA y cerrada por Decreto de la Alcaldía desde finales de 2005.
A esto hay que añadir que en febrero de 2008, el fiscal de Medio Ambiente emitió un exhaustivo informe destinado al Juzgado de Instrucción número 1 en la línea anteriormente indicada, al entrar de lleno en el fondo de la cuestión.
DECLARACIONES DEL ALCALDE
Villanova ha mostrado su satisfacción por el nuevo archivo judicial, “porque una vez más, y ya hemos perdido la cuenta, la Justicia da la razón a las tesis mantenidas por esta Institución, a pesar de los reiterados intentos malintencionados de las personas que integran y asesoran la PDSS”. El regidor recuerda: “Ni yo ni el resto de los imputados en este caso hemos cometido delito alguno, aunque los denunciantes han vertido y siguen vertiendo acusaciones injustas e, incluso, se han atrevido a cuestionar, con insinuaciones, la imparcialidad de la Justicia”. Para Villanova, “es terriblemente triste y lamentable que con la sobresaturación que existe en los juzgados, este grupo de gente los tenga inmersos en macroprocesos como el actual, que sólo se explican desde su obsesión por perseguirme políticamente y por animadversión personal: ponen denuncias-basura por la vía penal que luego son archivadas en diligencias previas. Es de vergüenza que la PDSS colapse de esta forma los juzgados, en una causa que lleva miles de folios, diligencias, comparecencias, decenas de acusados, y todo para nada. Vendieron que iba a caer hasta el apuntador y de momento, llevamos cuatro archivos sobre siete y un demoledor informe fiscal que pone en evidencia a la acusación por su falta de consistencia”.
Gabinete de Prensa del Ayuntamiento
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