El Juzgado determina que el PP y el PSOE deben definitivamente pagar los más de 60.000 euros cobrados indebidamente por sus coordinadores de grupo

Varapalo al ayuntamiento y al alcalde por no velar por la hacienda pública

Como recordarán los lectores, y si no es así se lo contamos, en el Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de 2 de julio de 2007, se aprobó el nombramiento de dos coordinadores de Grupos Municipales, uno para el PP y otro para el PSOE (dejando fuera a IU), como cargos de confianza del alcalde. Denunciados dichos nombramientos por Mercedes Avila González -entonces concejala de IU- la Justicia determinó que efectivamente éstos eran nulos de pleno derecho y deberían restituirse a las arcas municipales las cantidades cobradas indebidamente por estas dos personas, más de 60.000 euros. (pinchar para ver). Pero la coordinadora del PSOE, Mikaela García Márquez, presentó el 31 de marzo de 2010 un recurso de súplica que retrasó la ejecución de la sentencia. Y ahora parece que la interminable historia parece llegar a su fin. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 5 de Málaga con fecha 2 de junio de 2010 HA DESESTIMADO el recurso de súplica presentado por Mikaela García Márquez, contra la providencia de 17 de marzo de 2010 que determinaba que “sin demora el interventor municipal calcule las cantidades pagadas indebidamente de salarios y prestaciones de la Seguridad social, a fin de que sean DEVUELTAS POR LOS PERCEPTORES DE LAS MISMAS A LAS ARCAS MUNICIPALES”. Y no sólo desestima el recurso, sino que pone de vuelta y media al Ayuntamiento y al alcalde por por "ir contra la más elemental obligación de todo servidor público de que la hacienda pública no sufra detrimento sin causa legal alguna". Le está diciendo al alcalde que habría hecho algo parecido a malversar fondos públicos... El pasado 9 de febrero de 2010, el Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Málaga don Antonio Morales Lázaro, aceptó la denuncia presentada el 11 de diciembre de 2009 contra TODOS los concejales del PP y TODOS los concejales del PSOE del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. A los acusados se les imputa dos presuntos delitos: uno de prevaricación administrativa y otro de malversación de fondos públicos por un importe de 63.110,53 euros. (pinchar para ver)

Mikaela García señaló en el recurso que en la sentencia NO se declara la nulidad de pleno derecho del acuerdo del Pleno para el nombramiento de los asesores y que a raíz de la notificación de la sentencia el ayuntamiento procedió al cese de las dos personas nombradas el 2 de julio de 2007. Pero que posteriormente se acordó (truco del almendruco) dotar a los TRES grupos de una asignación mensual para la contratación de coordinadores, por lo que la recurrente, Mikaela, seguía trabajando como coordinadora. En el recurso solicitaba que no se le hiciera devolver el dinero percibido, más de 30.000 euros cada coordinador, como cargo de confianza del alcalde. Ahora el Juzgado ha DESESTIMADO este recurso, por lo que se debe devolver el dinero a las arcas públicas.
El Juzgado ha sido muy duro con el Ayuntamiento y su regidor, como en el párrafo siguiente: "Obvio es que la sentencia implica la nulidad de pleno derecho con efecto "ex tunc" (de los nombramientos de 2 de julio de 2007), las dos personan NUNCA DEBIERON SER NOMBRADAS,sólo fueron nombradas formalmente puesto que NUNCA realizaron trabajo alguno para la Administración y NUNCA la Administración debió ABONAR NADA por salario y prestaciones sociales, siendo los grupos políticos quienes se han beneficiado del trabajo de las dos persona, y quienes debieron haber sufragado su coste. Pretender que el ayuntamiento ha cumplido lo ejecutorio con el cese de las dos personas a 8 de mayo de 2009, sin instar -a quien debiera haber correspondido el pago ó a quien indebidamente lo percibió del municipio- el reintegro de todas las cantidades abonadas, no es de recibo, además de ir contra la más elemental obligación de todo servidor público de que la hacienda pública no sufra detrimento sin causa legal que lo justifique".
Muy duras palabras que señalan al ayuntamiento y a su alcalde, primero por haber abonado salarios y costes sociales que no le correspondían y segundo por no haber recuperado tras la sentencia este dinero, recabándoselo a los partidos políticos que se beneficiaron de los dos trabajadores ó incluso en última instancia a los propios asalariados. De una forma ú otra, el Juzgado determina que el dinero debe ser devuelto y le da un varapalo a la Administración Local por no haber velado para que la hacienda pública no sufra detrimento sin causa legal.
Así pues, Joaquín Villanova deberá pedir ese dinero a los grupos municipales, quienes a su vez deberían pedírselo a los trabajadores que lo percibieron. Y por si acaso se le olvida este fallo al alcalde se le indica con toda claridad que "como recuerda la STC 18/2007 de 10 de febrero, no caben desfallecimientos judiciales ni renuncias a extraer del fallo todas las cuestiones inherentes, ni adoptar todas y cuantas medidas sean necesarias para su efectividad agotando todas las posibilidades de actuación que ofrece el ordenamiento". En cristiano, que se tiene que pagar y que quien tenga que cobrarlas debe hacerlo con todas las herramientas a su alcance.
El abogado Francisco Galán Palmero (ese que según algunos lo pierde todo) está muy satisfecho con esta resolución y sólo espera que se cumpla de inmediato como es preceptivo.