Más de 20 personas encausadas: cobraban dinero de los constructores por aumentarles la edificabilidad de sus solares

Piden cuatro años de cárcel para el alcalde de Alhaurín el Grande

La Justicia es lenta, pero avanza, y lo más importante, llega. Así, el Caso Troya, que implica al alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, al concejal de Urbanismo, dos asesores jurídicos municipales y dieciséis constructores y promotores, está ya en marcha en su proceso judicial. En total veinte personas van a ser encausadas en el mimo. Según el Diario Sur, las penas solicitadas son las siguientes:

Penas solicitadas:

Juan Martín Serón (alcalde): Cuatro años y medio de cárcel, diecinueve de inhabilitación y multa de 500.000 euros por un delito continuado de cohecho pasivo y otro de prevaricación por omisión.

José Gregorio Guerra (concejal): Siete años y medio de cárcel, veintiuno de inhabilitación y multa de un millón de euros por delitos continuados de cohecho pasivo y contra la ordenación del territorio.

Funcionarios: J. B. G., año y medio de cárcel y nueve de inhabilitación por delito urbanístico y I. D. C., un año de cárcel y siete de inhabilitación por el mismo delito.

Constructores: Para los dieciséis, penas que suman casi 50 años por delitos de cohecho activo y como cooperadores necesarios y/o inductores de delitos contra la ordenación del territorio.
El mismo diario explica la trama:

"El Ministerio Público sostiene que al menos desde el año 2002 y hasta 2006 ha venido operando en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande «una trama cuyo objetivo era el enriquecimiento personal e ilícito de ciertas autoridades municipales ofreciendo una mayor edificabilidad a los promotores inmobiliarios a cambio de la oportuna retribución económica». Al frente de esta trama sitúa al concejal de Urbanismo, José Gregorio Guerra, «encargado de negociar con los constructores las condiciones urbanísticas y las contrapartidas económicas que debían abonar, en cargándose él mismo de su recaudación», afirma el fiscal en su escrito de calificación provisional.

«Estos hechos eran conocidos por el alcalde, quien permitió la conducta delictiva de su concejal y a cambio de su silencio obtuvo participación en el dinero», añade la acusación pública. De esta manera, Martín Serón registró numerosos ingresos en efectivo en sus cuentas y las de su esposa-que no ha sido acusada-, que ascendieron a un total de 238.785 euros. Además, subraya la adquisición de tres fincas por importe de 16.000 euros; 64.780 euros en efectivo hallados en su casa y 7.000 euros en su despacho.

El exceso de edificabilidad y del número de viviendas con respecto a lo legalmente establecido en el planeamiento urbanístico tenía un precio previamente fijado en el Ayuntamiento de Alhaurín. De esta manera, el metro cuadrado de techo construido de más se cifraba en la cantidad de 80 euros, mientras que la vivienda extra se pagaba a seis mil euros.

Las licencias eran concedidas por el edil de Urbanismo con el visto bueno de los dos asesores jurídicos municipales acusados, pese al informe técnico negativo del arquitecto del Ayuntamiento. De esta manera se habrían otorgado hasta diez licencias de obras, previo pago de distintas cantidades que oscilaron entre 168.000 y 6.000 euros. Las sumas solicitadas y/o percibidas por Guerra ascendieron a 782.445 euros, según la Fiscalía".
Nota: Aunque el PSOE e IU han solicitado su dimisión, ni Serón ha dimitido, ni va a dimitir, ni el PP le ha pedido que dimita a pesar de estar imputado. ¿Diferentes raseros de medir respecto a otros peperos a los que sí obligaron a dejar sus puestos públicos?.